Tinto amargo. Ni Petro, ni Uribe ceden en la reforma a la salud
A juzgar por la expectativa que crearon los medios, se esperaba que la reunión del pasado 22 de noviembre entre el presidente Petro y el expresidente Uribe lograría desempantanar el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. No fue así.
Ninguna de las partes cedió en los dos principales problemas de fondo: El control y manejo de los fondos públicos que financian la salud en Colombia y el futuro del modelo de salud.
Con la reforma a la salud, el gobierno nacional se ha propuesto retomar el manejo directo de los millones de millones de pesos del presupuesto nacional que se gastan en el sector y que en los 30 años de vigencia de la Ley 100 se han entregado a las EPS sin la necesaria y suficiente vigilancia y control.
En este objetivo tiene mucho de razón el gobierno. El problema reside en que la reforma a la salud presentada adolece de vacíos, especialmente en la articulación de la prevención y atención en los diferentes niveles de complejidad del sistema, dejando lugar a la pregunta de si los recursos van a ser suficientes y sobre todo si su empleo va a ser el apropiado.
Uribe y su partido, el Centro Democrático (CD), defienden a capa y espada mantener el control de los recursos por parte de las EPS, argumentando que la gestión por parte del Estado tiene un costo mucho mayor y que las ganancias obtenidas por las aseguradoras han sido moderadas.
Los defensores del modelo de salud de la Ley 100 omiten que en el manejo de las cuentas no ha habido cabal transparencia, al punto de que un ministro de Salud admitió hace ya varios años que, en la crisis financiera del sistema de salud, la contabilidad de las EPS tenía una gran responsabilidad.
El Proyecto de Ley 339 del gobierno, que avanza a tropezones y todavía no termina de aprobarse en la Cámara de Representantes, plantea un modelo que se asemeja al Sistema Nacional de Salud (SNS) de Cuba, con su énfasis en la ADRES como pagador único a los prestadores, la atención primaria orientada a la comunidad y los equipos multidisciplinario de atención domiciliaria.
El modelo de salud que subyace a la propuesta de Uribe y el Centro Democrático, que fue presentado en la reunión con Petro y que es mucho más explícito en las reformas propuestas por el Partido Liberal y Cambio Radical, se encuentra alineado con la estrategia internacional de las aseguradoras. Este modelo pretende equiparar el derecho fundamental a la salud al aseguramiento, lo cual es totalmente inaceptable.
Petro no cuenta con la suficiente fuerza política, ni en el Congreso (tiene serios líos hasta con el Partido Verde) ni en la sociedad colombiana. Con su intento de lograr una reforma a la salud con votos de parlamentarios de los partidos tradicionales que oficialmente defienden el modelo actual, corre el riesgo de terminar aprobando un “sancocho nacional” en el que los cambios que se introduzcan al sistema de salud sean más de forma que de contenido.
Es el caso del artículo 70 sobre las funciones de la ADRES, que fue aprobado esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes con un texto confuso que los opositores fustigan y el gobierno a duras penas logra explicar.
Uribe y el CD advirtieron que, de no mantenerse el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS, las aseguradoras privadas podrían retirarse del sistema de salud, y que, si luego las necesitaban para esos capitales, “será casi imposible que vuelvan a creer en el país”.
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Este tipo de posiciones intransigentes y arrogantes de las EPS, por más que se revistan de argumentos técnicos, no corresponden a la realidad que dicen reconocer de un sistema de salud que “es mejorable” y exige cambios que permitan “construir sobre lo construido”.
Luego de un año de confrontación entre el poder presidencial y el poder económico y político de las EPS, la salud de los colombianos sufre las consecuencias.
El gobierno debe atender y resolver esta situación. Partidos políticos tradicionales y EPS deben cambiar el libreto y presentar nuevas fórmulas, distintas a mantener el predominio absoluto del aseguramiento en el sistema de salud.
En la búsqueda de una salida, una alternativa sería un sistema de aseguramiento social de la salud en el cual se establezca un equilibrio en cuanto a cobertura integral de la población entre aseguradoras privadas, aseguradoras públicas y aseguradoras sin ánimo de lucro. Esto implicaría una estricta regulación del mercado asegurador.
Siendo los recursos públicos finitos, la vigilancia y control de los actores del sistema de salud deben contar con los medios para garantizar transparencia y eficiencia y las medidas anticorrupción y su implementación ser implacables.
