Sobre el impuesto a las bebidas azucaradas
Comienzo por decir que, como ciudadano y alguien que investiga y trabaja en el campo de la salud pública en general, no estoy de acuerdo con los “impuestos saludables”. En particular, soy contrario a que se apruebe un impuesto a las bebidas azucaradas en la reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República.
El impuesto a las bebidas azucaradas es un problema complejo que debe analizarse en primer lugar desde una perspectiva económica para determinar a qué sectores de la población afecta esta carga impositiva. En segundo lugar, desde la salud pública, es decir, analizar si el impuesto realmente contribuye al control de la obesidad y de las enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares.
Desde el punto de vista tributario, son los organismos financieros multilaterales como el FMI y la OCDE los que han estado recomendando durante varios años la implementación de impuestos saludables con el propósito de aumentar los ingresos fiscales. A modo de ejemplo, existe un documento de la OCDE de 2013 titulado “El rol de las políticas fiscales en la promoción de la Salud” que es bastante ilustrativo al respecto.
Los gobiernos que aceptan promover este tipo de impuestos los justifican con la defensa de una causa noble, como la defensa del medio ambiente en el caso de los impuestos verdes o la promoción de la salud en el caso de los impuestos a los alimentos procesados y a las bebidas azucaradas. Sin embargo, a pesar de que se afirma lo contrario, el propósito fundamental de estos impuestos al consumo es recaudar ingresos. En 2016, Alejandro Gaviria, siendo Ministro de Salud, afirmó: “…el tema de impuestos es más por salud que por recaudos fiscales”. Pero a continuación planteó que esperaba un recaudo de $1,89 billones.
El presidente Petro, hace unas semanas, en una reunión en Cali con alcaldes del litoral pacífico, dijo que el impuesto a las bebidas azucaradas no es para “recaudar plata, sino para que la gente no tome tanta gaseosa”. Y su ministro Ocampo espera recaudar en 2023 $1,02 billones.
Cuando se le preguntó sobre la utilidad del impuesto a las bebidas azucaradas, Katherine Rich, quien lleva años investigando y debatiendo el tema en Nueva Zelanda, respondió de manera tajante: “Depende de la intención del gravamen. Si el Gobierno busca recaudar más fondos, es una forma eficiente de recolectar dinero porque el consumo no cambia mucho. Si el objetivo es reducir la incidencia de la obesidad o mejorar la salud pública, los impuestos a las gaseosas han sido un fracaso absoluto. La gente simplemente paga más impuestos y afronta precios más altos”.
Y en Colombia esto seguramente va a ser así porque como explicaba Juan Diego Oviedo, siendo director del DANE: “Casi el 40% de los hogares del país tienen privaciones por no tener acceso a fuente de agua mejorada para cocinar los alimentos. ¿En esos escenarios cuál es el sustituto más perfecto al líquido preciado para beber?: una bebida azucarada que puede durar meses o años almacenada y no se altera”.
Planteados estos argumentos, la razón principal por la que muchos nos oponemos al impuesto a las bebidas azucaradas es que este es un impuesto regresivo, de entrada, inconstitucional y profundamente inequitativo 𝕏, ya que se cobra por igual a toda la población y, por lo tanto, afecta de manera severa a las personas de menores ingresos, para quienes, según el DANE, los alimentos representan el 32% del presupuesto familiar.
Esto es especialmente grave en un país donde, según los cálculos de Cedetrabajo, en 2021 los impuestos indirectos aportaron el 54,2% del recaudo nacional. Es decir, un país en el que la población más pobre ya soporta una enorme carga tributaria. Además, las gaseosas ya pagan el IVA, que es el hermano mayor de los impuestos indirectos, con un 19%, con lo que el gobierno recauda $600.000 millones. De tal manera que, si esta reforma tributaria añade otro 5%, los pobres (y los ricos) estarían pagando un 24% de impuesto en las bebidas azucaradas, lo cual es un porcentaje muy elevado.
Esto es aún más relevante considerando que este impuesto está diseñado para ser permanente en el tiempo, ya que el consumo de estas bebidas continuará, aunque disminuya ligeramente debido al aumento de precios. Va a continuar entre otras cosas porque como el ministro Ocampo ha explicado, la tarifa de las bebidas azucaradas va a depender del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de la bebida. La evidencia indica que los productores simplemente hacen ajustes, disminuyen los gramos de azúcar y reformulan el producto.
Por definición, la salud pública se ocupa de la salud de las poblaciones y no de los individuos. En esta perspectiva, la causa de la obesidad en un individuo no necesariamente coincide, ni es la misma, que la causa de la prevalencia de la obesidad en una población. La obesidad en una población y, más aún, las enfermedades asociadas a la obesidad, como los problemas cardiovasculares y la diabetes tipo 2, tienen causas más complejas que deben tener en cuenta lo que la OMS denomina los determinantes sociales de la salud. Esto se comprende fácilmente cuando se observa que, en una población, las enfermedades se distribuyen de manera escalonada según la clase social o el estrato socioeconómico.
Existen condiciones que permiten entender por qué la población de menores ingresos consume más bebidas azucaradas. Una de las principales es el acceso al agua potable. Según el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico (2020), en las zonas urbanas, solo el 56% de los municipios tienen acceso al agua potable, y según datos del DNP, en 708 municipios del país, la cobertura no alcanza el 75% de la población. Al menos 3,8 millones de colombianos tienen como única alternativa para no consumir agua contaminada el consumir gaseosas.
Otro determinante social de la obesidad son los Tratados de Libre Comercio (TLC). Existe suficiente evidencia para afirmar que, una vez firmado el NAFTA en 1994, Estados Unidos prácticamente comenzó a exportar la obesidad a México. Las taquerías empezaron a ser sustituidas por cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Subway. Para 2015, debido al consumo de alimentos chatarra y bebidas azucaradas, México obtuvo el título mundial de la obesidad, con un promedio anual de 214 kg por persona.
Las muertes por diabetes aumentaron de 46 mil en el año 2000 a 106,000 en 2018, y se estima que actualmente hay alrededor de 10 millones de personas con diabetes en ese país. El título de un libro de la profesora Alyshia Gálvez resume muy bien el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: “Comiendo NAFTA: Comercio, Política de Alimentos y la Destrucción de México”.
Por la misma vía de este TLC, los canadienses hoy importan la obesidad de Estados Unidos al rebajar los aranceles a los edulcorantes y a commodities como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, lo que ha impulsado la producción de alimentos procesados y bebidas azucaradas que forman parte de la dieta de ese país.
Finalmente, algo que aprendimos en salud pública con la epidemia de VIH/SIDA cuando se impusieron los fármacos antirretrovirales, no solo para el tratamiento sino también para la prevención, y se anunciaba que sería el control definitivo de la pandemia, es que no existe una solución definitiva. Los determinantes económicos, sociales y culturales de la transmisión del VIH han favorecido la continuidad de la pandemia.
La epidemia de obesidad y otras enfermedades no transmisibles no se va a controlar con un impuesto a las bebidas azucaradas. Se requieren medidas adicionales, como educación nutricional para la población que más la necesita, así como planes, programas y campañas de prevención masivas. Estas medidas nunca se han implementado en Colombia, ya que con la Ley 100 se estableció un sistema de salud basado en la atención biomédica de la enfermedad.
