Sistemas de salud e ideologías

En el fondo, el debate sobre los respectivos sistemas de salud, que está teniendo lugar tanto aquí en los Estados Unidos como en Colombia, es el mismo: ¿es el cuidado de la población un deber y una responsabilidad del Estado, o simplemente un mercado en donde compiten los grandes negociantes de la salud?

En ambos países, y guardadas las proporciones, se formulan en ocasiones acusaciones temerarias. Mientras en Washington le gritan mentiroso a Obama y lo tildan de comunista por atreverse a proponer tímidas e insuficientes reformas, en Bogotá aparecen columnas y declaraciones a los medios que descalifican, por “ideologizado” y por falta de rigor científico, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional y cuyas conclusiones reflejan la tragedia que viven la mayoría de los colombianos cuando acuden a los privatizados servicios de salud. En este caso, los críticos, quienes tienen por qué saberlo, omiten que la prestigiosa revista en que fue publicado, ‘Social Science & Medicine’, no acepta artículos que no sean debidamente evaluados.

Existe evidencia internacional que permite asegurar que, en donde no existe la intermediación de las grandes compañías de seguros, se ahorran inmensos gastos y se facilita al Estado cumplir con su obligación de brindar acceso universal a servicios integrales de salud. Bastaría con mencionar la experiencia de 60 años del Sistema Nacional de Salud en Inglaterra; y, como ejemplo negativo, el sistema de Estados Unidos, en el cual la privatización demencial ha llevado a que, en el país más poderoso de la tierra, 46 millones de personas no cuenten con seguro de salud y a que 45.000 de ellas mueran cada año, una cada 12 minutos, como consecuencia directa de no estar aseguradas. Economistas de la salud han calculado que en Estados Unidos la eliminación de la innecesaria burocracia de las compañías aseguradoras, utilizada entre otras cosas para justificar la negación de los servicios a los asegurados, permitiría ahorrar anualmente 400.000 millones de dólares, fondos que permitirían brindar cubrimiento universal y atención integral y de alta calidad al pueblo norteamericano.

En Estados Unidos, la defensa de la llamada industria de la salud, principal beneficiada con el sistema actual es dirigida por sectores políticos ultraconservadores. Además, las compañías farmacéuticas y de seguros pagan 3.300 cabilderos, encargados de presionar a los congresistas para que la reforma no vaya a lesionar sus intereses financieros. En Colombia, son los expertos en el sistema imperante quienes, lanza en ristre, defienden el lucrativo negocio de la salud, conquistado por los grandes capitales privados con la Ley 100. Conducta que no es de extrañar, puesto que la mayoría de estos expertos han trabajado como consultores del Banco Mundial, institución financiera cuyos ideólogos diseñaron y aún promueven las políticas de privatización de los sistemas de salud en el mundo entero.

Los expertos defensores del sistema de salud colombiano insisten en que está pasada de moda la “discusión ideológica que opone lo público a lo privado”, pero olvidan mencionar que la Ley 100 fue aprobada precisamente para privatizar en lo fundamental ese sistema y para, tal como se lee en reciente estudio del mismo Banco Mundial, limitar el papel del Gobierno al de simple regulador del sistema, con el propósito de “minimizar las fallas del mercado”. Se dice también que, de acuerdo con la Ley 100, el Gobierno debe “garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud”, pero esta afirmación no resiste el mínimo análisis. La contribución del cuestionado estudio de la Universidad Nacional consiste en presentar, de manera sistemática y objetiva, un ejemplo de las inequidades derivadas de las trabas burocráticas y de los sufrimientos de la inmensa mayoría de los colombianos por cuenta de un sistema de salud inmerso en una profunda crisis.