¿Qué hacer con las EPS?
Nota: Este articulo fue publicado oficialmente el 18 de julio de 2021 en el portal mascolombia.com
Un punto central del debate es: ¿Qué hacer con las EPS? Cualquiera sea la respuesta, debe tener como meta revertir el detrimento causado por el régimen vigente en la salud de los pacientes, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y la financiación de las IPS públicas y privadas.
En la historia de los sistemas de salud del mundo capitalista se encuentran tres modelos principales: El modelo de seguro social iniciado por Bismark durante la unificación de Alemania a finales del siglo IX que combina lo público con lo privado; el modelo completamente público de salud instaurado en Inglaterra luego de la segunda guerra mundial (1948); y el modelo de aseguramiento de libre mercado al que diera rienda suelta Richard Nixon en los Estados Unidos en 1971 y que a partir de los 1980s bajo la batuta del Banco Mundial fuera diseminado a nivel global por los gobiernos neoliberales. (Los modelos de atención en SALUD)
Fue este último modelo con intermediación entre la financiación de la salud y la prestación de los servicios de atención a los ciudadanos, el que se implantó con la Ley 100 de 1993 en Colombia. Con este sistema se crearon las EPS (art. 177). Hoy, en medio de la crisis económica agravada por una pandemia que desnudó todas las falencias del sistema de salud vigente y que demostró su incapacidad para controlarla como que deja ya cerca de 120.000 fallecidos, el negocio de las EPS es de los más rentables del país. Las EPS en el 2021 se financian con un presupuesto nacional para salud de $36.05 billones y según la Superintendencia de Sociedades, en 2020, diez de estas compañías de aseguramiento en salud se ubicaron entre las cincuenta empresas más grandes de Colombia. Tres de ellas con ingresos operacionales superiores a los 5 billones de pesos.
Luego del hundimiento en el Congreso de la República del Proyecto de Ley 010-425 de reforma a la salud que contaba con el apoyo irrestricto del Presidente Duque y del ministro Ruiz, se preparan varios proyectos de ley alternativos para presentar en el período legislativo que se inicia el próximo 20 de julio. Un punto central del debate es: ¿qué hacer con las EPS? Cualquiera sea la respuesta, debe tener como meta revertir el detrimento causado por el régimen vigente en la salud de los pacientes, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y la financiación de las IPS públicas y privadas.
Las siguientes son las dos principales alternativas al mantenimiento o profundización del rol predominante de las EPS y a un mayor favorecimiento de la integración vertical y de la inversión extranjera en aseguradoras y hospitales, tal como lo proponía el Proyecto de Ley 010:
- Un sistema público que elimine las EPS, el aseguramiento y la administración de la salud de carácter privado.
- Contemplar que existan tanto EPS de carácter público como EPS cuya naturaleza jurídica sea la de organizaciones sin ánimo de lucro.
La segunda opción tiene la ventaja de contar con la experiencia positiva de las clínicas y hospitales que son fundaciones sin ánimo de lucro y que durante décadas han logrado un gran desarrollo organizacional, constituido verdaderos nodos empresariales y no han cedido a la tentación de vender sus instituciones a los inversionistas extranjeros. Se cuenta también con las lecciones negativas dejadas por las EPS que como SALUDCOOP, no obstante pertenecer al sector solidario incurrieron en prácticas de corrupción y sacaron partido de la ley 100. Las EPS sin ánimo de lucro que siendo del sector privado no distribuirían ganancias, sino que reinvertirían excedentes para brindar mayor calidad de sus servicios, pueden proporcionar la clave para lograr un cambio de rumbo al inequitativo sistema de salud actual. Garantizar el carácter y la destinación específica de los recursos públicos de la salud e impedir que privados se lucren de esos dineros es otra línea roja que debe estar clara.
Igualmente, una propuesta apropiada para este período debe considerar la protección en la vida real del derecho a la salud y al bienestar de la población. Esto implica erradicar la corrupción, privilegiar la salud pública y la atención primaria, consolidar la red pública hospitalaria y fortalecer a los prestadores privados golpeados por el no pago de las deudas de EPS y entidades gubernamentales. Solo con hospitales públicos y privados solventes financieramente se podrá contar con condiciones laborales y salariales dignas para el personal de salud.
