“¡No somos criminales; somos trabajadores!” La emigración latinoamericana a Estados Unidos
Lo que buscan los trabajadores inmigrantes es la legalización con todos los derechos que en este momento tienen los residentes permanentes y los ciudadanos norteamericanos. Igualmente, los inmigrantes requieren protección de sus derechos laborales y reunificación de las familias. No quieren ser convertidos en “trabajadores huéspedes” de segunda categoría y rechazan la militarización de las fronteras, las prisiones y la deportación. Los trabajadores inmigrantes piden más derechos, no menos.
La enorme población de latinoamericanos que desde hace décadas ha emigrado a Estados Unidos, en su gran mayoría forzada a dejar la patria debido a la crisis económica en que las ha sumido la dominación de Washington y las políticas que éste ha impuesto, continúan su vía crucis al llegar al país del Norte, donde es sometida a toda laya de vejámenes. Las políticas diseñadas en la Casa Blanca y en el Congreso estadounidenses para solucionar sus problemas, constituyen un nuevo engaño, por lo que ha empezado a gestarse un enorme movimiento de protesta de los emigrantes en defensa de sus derechos.
En los últimos seis meses la política doméstica de Estados Unidos se ha centrado en un amplio debate sobre la presencia en territorio norteamericano de una creciente masa de inmigrantes latinoamericanos, cuya tasa de crecimiento se ha acelerado en la última década y la mayoría de los cuales carecen de documentos legales. La Cámara de Representantes y el Senado del país, todos los medios de prensa, analistas políticos de variado tipo, obispos de la Iglesia Católica, dirigentes de las iglesias protestantes, rabinos e imanes, los gobernadores estatales, las asambleas estatales, jefes de policía, organizaciones en pro y en contra de los inmigrantes, organizaciones comunitarias, sindicatos, sociólogos, economistas y politólogos, locutores radiales, asociaciones de comerciantes y de empresas industriales y agrícolas, en fin, todos quienes pueden dejar oír su voz, han expresado diversas opiniones sobre cómo remediar lo que se considera generalmente en el medio político como un “problema nacional”.
Por su parte, cientos de miles de inmigrantes participaron a partir de marzo de este año en las mayores protestas masivas en la toda la historia de Estados Unidos contra las propuestas leyes migratorias presentadas en el Congreso como posibles soluciones al ‘problema’. Curiosamente, tanto entre quienes participan en las protestas como entre quienes analizan y discuten el problema dentro y fuera del capitolio, pocos hacen mención de las causas del actual fenómeno migratorio. El silencio sobre los factores determinantes de lo que es ciertamente un proceso reciente, masivo e inusual, es tan insólito como preocupante. Alguien lo podría calificar como un silencio ‘sintomático’ que muchos no se atreven a romper por miedo de abrir una terrible caja de Pandora. Por lo tanto, antes de pasar a evaluar las leyes que el Congreso norteamericano debate con miras a una solución política al problema migratorio, es menester dedicar amplio espacio a un estudio analítico, histórico y empírico de las circunstancias económicas y políticas que condicionan de manera general la actual emigración en masa desde América Latina hacia Estados Unidos.
Las razones de fondo de la emigración en masa
La respuesta más precisa al porqué del vertiginoso aumento de la migración indocumentada a los Estados Unidos se encuentra en las políticas neoliberales del ‘free trade’ –incluidos tratados como el Nafta (vigente desde 1994), el Cafta y el TLC con Colombia y Perú (recientemente firmados)–, políticas que han sido impuestas por Washington con la complicidad de los gobiernos latinoamericanos que han renunciado a defender los intereses de sus empobrecidas naciones.
El caso más dramático es el de México, donde las políticas neoliberales han tenido más tiempo para desarticular la economía doméstica. Un artículo reciente en el Washington Post señalaba que más del 40 por ciento de los mejicanos que han venido a los Estados Unidos lo han hecho en los últimos 15 años; mientras en 1995 el número estimado de mejicanos sin papeles era de 2,5 millones; para el año 2005 la cifra había superado los 10 millones. La pobreza en México también se disparó durante estos años. Los salarios en México antes del Nafta eran en promedio 23 por ciento de los salarios en Estados Unidos; para el 2002 se habían desplomado al 12 por ciento. Aunque las consecuencias del Nafta para el conjunto de la economía mejicana han sido absolutamente desastrosas, la agricultura ha llevado la peor parte, pues ha sido arrasada y millones de productores agrícolas –incapaces de competir con los menores precios de las importaciones de los Estados Unidos– se han visto obligados a abandonar sus cultivos.
La bancada de origen latino del Congreso norteamericano, en una declaración en contra del Cafta durante el debate en el Parlamento el año pasado, opinaba que “en México, un millón trescientos mil pequeños y medianos agricultores se han visto forzados a abandonar sus tierras porque no fueron capaces de competir con los grandes productores multinacionales”. Otros cálculos ponían en dos millones el número de personas que han salido del campo mejicano desde 1994 y en más de 600 las personas que dejan el campo diariamente. Por su parte, Raúl Grijalva, representante demócrata por Arizona –un Estado con 450 kilómetros de frontera con México– y quien es uno de los pocos parlamentarios que han luchado en contra de los tratados de ‘libre comercio,’ explicaba lo que viene sucediendo de esta forma: “Los agricultores y trabajadores agrícolas de hace 10 años son los inmigrantes indocumentados de hoy.”
Y lo peor para México está aún por venir, dado que los efectos del Nafta se agravarán en los próximos años. El profesor John Coats, un respetado investigador norteamericano, prevé que en la próxima década “el libre comercio de cereales realizado bajo los acuerdos del Nafta forzará a muchos, quizás millones, de campesinos mejicanos a dejar sus tierras.”
Pero México no es la excepción. Tomemos por ejemplo el caso de El Salvador. Un reciente artículo de un corresponsal radicado en San Salvador resumía la situación en aquel país de la siguiente manera: “En El Salvador este país hay una suerte de ‘destino manifiesto’: la emigración. Sus habitantes son agobiados, día tras día, por la falta de empleo, altos costos de la vida y una ola delictiva imparable. Un panorama desolador empuja a cientos de personas de todas las edades a huir diariamente de sus tierras con el fin de llegar a los ‘Estados’ para obtener un empleo y mejorar sus vidas.” El problema se ha acelerado en los últimos dos años bajo el gobierno de Antonio Saca, un Álvaro Uribe cualquiera de Centroamérica y –al igual que el presidente colombiano– un fanático impulsor de la economía neoliberal y los tratados de ‘libre comercio’.un empleo y mejorar sus vidas.” La emigración y las remesas se han convertido, y esto ha sido reconocido en numerosas ocasiones por funcionarios del gobierno, como la única válvula de escape a la situación para cientos de miles de salvadoreños. Se calcula que actualmente la tercera parte de la población, unos dos y medio millones de personas, ha emigrado. El destino de la mayoría de ellos es Estados Unidos.
El recién aprobado Cafta para Centroamérica es una fiel copia del Nafta, y sirvió como modelo al TLC negociado por Uribe para Colombia. Con la aprobación del tratado, Estados Unidos se apresta a incrementar su exportación a Centroamérica, libre de impuestos, de medicamentos (que además quedan protegidos de la competencia de los genéricos), equipos médicos y de informática; maquinaria agrícola y de construcción; papelería, alimentos y bebidas; productos químicos y agropecuarios, carne, legumbres, soya, trigo, algodón y frutas principales –entre otros–, lo cual causará la ruina de los pocos productores nacionales que subsisten, a la vez que agudizará la pobreza a niveles extremos e intensificará la emigración. En contraprestación, Estados Unidos se prepara a abrir su mercado principalmente a productos centroamericanos no tradicionales, uno de cuyos renglones destacados es el de alimentos exóticos, por ejemplo, frutas como el jocote, el mamey, el arrayán y el nance. De ese tamaño es la desproporción. Tal situación es la que permite asegurar que el Cafta tendrá los mismos efectos desastrosos en toda la agricultura centroamericana y que la vigencia del Tratado repetirá la historia de El Salvador en el resto de países del istmo, desde donde millones de nuevos migrantes serán arrojados a los Estados Unidos.
Los colombianos también forman parte del actual fenómeno migratorio. En Colombia, como en México y Centroamérica, la principal causa radica en el grave deterioro que durante los últimos lustros han sufrido renglones claves de la economía nacional, a raíz de la adopción y aplicación por parte de los sucesivos gobiernos de las políticas neoliberales que por doquier impone Estados Unidos. Quienes han emigrado hacen parte del ingente número de compatriotas que debido a esa situación no encuentran viable ninguna empresa productiva o carecen de oportunidades laborales, por lo que van sumiéndose en la degradación de sus condiciones materiales y sociales, mientras que las repercusiones de las entrecruzadas violencias –no pocas de tipo terrorista– que se han enseñoreado del país, tornan aún más exasperante su situación. Es indudable que aunque un apreciable número de colombianos también ha abandonado el país como consecuencia de situaciones en las que su integridad personal o la de sus familiares se han visto afectadas por las ráfagas de la violencia y las manifestaciones de intolerancia política, la inmensa mayoría lo ha hecho por ser víctima de la crisis económica.
Comenzando con la aplicación de las medidas ‘aperturistas’ bajo el gobierno de César Gaviria – impulsadas por el Fondo Monetario Internacional dentro de la globalización norteamericana que asuela todo el planeta– las importaciones agropecuarias se incrementaron en un 900%, con la consecuente quiebra de los renglones económicos afectados.
Incluso el café, otrora orgullo de las exportaciones colombianas, redujo la producción en 6 millones de sacos y hoy los afanados cafeteros cultivan 200.000 hectáreas menos que hace diez años. De igual manera, la producción industrial y agropecuaria, el comercio, la salud, la educación y los servicios públicos domiciliarios han sufrido el impacto de las privatizaciones y la concesión de prerrogativas al capital extranjero, con lo que el desempleo, la pobreza y la incertidumbre económica han llegado a niveles insoportables.
No es de sorprender entonces que, en lo que constituye una gran diáspora, millones de colombianos (un reciente estudio calcula la cifra en cinco y medio millones) han decidido marcharse a otros países. Tampoco es de extrañar que en los últimos tres lustros cientos de miles de colombianos de tan heterogéneos oficios como maestros, deportistas, pilotos, médicos, comerciantes y obreros, artistas, científicos, ganaderos y campesinos, industriales y empresarios, hayan abandonado en masa su patria trasladándose a Estados Unidos, España y otros países. Mas, como si todo esto no bastara, ahora el gobierno de Álvaro Uribe ha suscrito con el de Estados Unidos un TLC que al implantar una liberalización extrema profundizará la crisis y de seguro agudizará el éxodo de los colombianos [1].
En resumidas cuentas, el acelerado ritmo de la migración a los Estados Unidos desde México, Centroamérica y Colombia indudablemente es generado por la creciente y generalizada destrucción de la industria y la agricultura nacional a causa de las políticas de ‘libre comercio’ aplicadas por las grandes corporaciones y la banca norteamericanas y por el gobierno de la Casa Blanca.
Veinticinco años de globalización neoliberal
El problema no está limitado a unas pocas naciones, o a una subregión. Es también de carácter hemisférico. En los años posteriores a 1980, un periodo conocido como “la década perdida de Latinoamérica”, los Estados Unidos promovieron y presionaron con tenacidad la implementación de medidas neoliberales de ‘libre comercio’ para toda América Latina. Esto contó con la aquiescencia a veces tácita, más a menudo explícita, de gobiernos latinoamericanos sumisos que procedieron a debilitar la protección de su agricultura e industria en toda la región. En los años noventa se presenció una intensificación de este proceso cuando Estados Unidos lanzó una agresiva política para firmar acuerdos de ‘libre comercio’ con diversos países latinoamericanos, lo cual resultó en que la década del 90 y la primera mitad de la presente han sido –desde el punto de vista del desarrollo económico– también ‘años perdidos’.
Un informe reciente del diario en español La Opinión de Los Ángeles, California, resumió la terrible situación que vive Latinoamérica de la siguiente manera:
La región generó 91 millones de nuevos pobres en los últimos 20 años
Hay ahora más de 100 millones de indigentes
200 millones de latinoamericanos no están en condiciones ni siquiera de satisfacer sus necesidades básicas
En los últimos seis años, 23 millones de latinoamericanos fueron desplazados de la ‘clase media’ a la que pertenecían
40 millones de niños viven en las calles
1 de cada 3 niños sufre de hambre
Niños que viven en la calle, ancianos mendigando, familias que comen de lo que consiguen en los botaderos de basura, y profesionales manejando taxis son parte de la escena habitual en las ciudades latinoamericanas
70% de los hondureños son pobres al igual que los 20 millones de campesinos que aún quedan en México
La reducida elite de los ricos se enriquece cada vez más y la desigualdad crece en la región
Estas tendencias han sido el resultado de las iniciativas de libre comercio apoyadas por Estados Unidos
En este contexto, la masiva migración de las últimas décadas, si la recolonización de América Latina emprendida por Estados Unidos persiste, se verá como algo insignificante comparada con la que vendrá en los próximos 20 años.
Tal como lo demuestran las frecuentes protestas y la conflictiva situación generada por la presencia masiva de inmigrantes en Francia, Alemania y otros países europeos, el elevado flujo migratorio constituye en última instancia un problema mundial dado el alcance global de las políticas neoliberales impulsadas por EEUU. Esta es una realidad que cada vez se hace más evidente en los foros sobre migración. Por ejemplo, en 2001, en una conferencia sobre Global Shifts [Cambios Globales] el sociólogo Marcelo Suárez-Orozco de la Universidad de Nueva York afirmaba que “somos testigos de un enorme incremento de la migración y de flujos de refugiados, una situación estructurada por la intensificación del proceso de la llamada globalización…” Asimismo en la Conferencia de las Naciones Unidas de 2002 sobre el racismo que tuvo lugar en Sudáfrica, la declaración final concluía que la conducta de las “corporaciones transnacionales y las instituciones financieras internacionales incrementan las inequidades entre naciones y dentro de naciones, aumentando la presión de emigrar…”.
Cómo pretende el Congreso de EEUU manejar el fenómeno migratorio
La raíz del problema de la emigración de latinoamericanos a Estados Unidos se puede explicar con una simple imagen: México, y cada vez más los países de Centro y Sur América, se han convertido en prisiones de pobreza de las cuales sus habitantes necesitan escapar en masa. Eludiendo confrontar esta realidad, el Congreso norteamericano pretende solucionar el problema de la inmigración con dos proyectos de ley que han sido aprobados, uno por la Cámara de Representantes y el otro por el Senado (pero que para convertirse en ley todavía requieren de aprobación final del Congreso) [2], propuestas ambas que por no considerar las causas del problema van, por el contrario, a profundizarlo.
El Congreso de Estados Unidos también ha aprobado, dizque para resolver el problema de la inmigración, dos proyectos de ley: uno por la Cámara de Representantes, el otro por el Senado, que aún no han sido aprobados, y que tal vez no los serán durante este año por razones de burocratismo parlamentario –tal vez sea imposible llegar a un acuerdo ‘término medio’ entre las dos propuestas, necesario para su aprobación final por ser el 2006 un año de elecciones parlamentarias, que a menudo causa que los congresistas sean reticentes a pronunciarse de manera vertical con respecto a un tema tan álgido como el de la inmigración no autorizada.
En diciembre 2005, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó la llamada Ley Sensenbrenner que enmienda la ley de inmigración actual y que según algunos es, de las dos propuestas discutidas en el Congreso, la “peor”. Esta legislación no es más que una declaración de guerra contra los inmigrantes procedentes en su gran mayoría de México y Centroamérica que ingresan a los Estados Unidos sin una visa que los autorice. Entre otras cosas, la enmienda supone la construcción de un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, apodado desde ya “el muro de la vergüenza”, que excluiría apenas las regiones desérticas más secas y al Río Grande (Bravo).
La ley Sensenbrenner asimismo implicaría declarar a cualquier inmigrante encontrado sin documentos legales en Estados Unidos como un delincuente sujeto a encarcelación y deportación. De ser aprobada, lo cual parece poco probable en este momento, Estados Unidos –que en proporción y en números totales ya alberga la mayor población carcelaria del mundo– agregaría automáticamente 10,4 millones de candidatos a caer en prisión, cifra que incluye 1,6 millones de niños, con la deportación como paso posterior. La Ley Sensenbrenner también declararía como criminales a cualquiera que preste ayuda y asistencia a personas indocumentadas, afectando directamente a instituciones religiosas y caritativas.
En vez de detener el acelerado incremento del flujo de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos, puesto que como hemos visto no se orienta a resolver las causas del fenómeno, la ley Sensenbrenner, u otras por el estilo que sean propuestas en el futuro, darían como resultado una catástrofe humanitaria: durante los últimos diez años un promedio de más de 300 inmigrantes se reportan muertos anualmente al intentar cruzar la frontera desde México; bien por ser víctimas de las aguas rápidas de ríos y canales o por fallecer de deshidratación en el verano o frío en el invierno en el desierto de Arizona. Estas cifras se basan en el número de cadáveres hallados en la zona fronteriza, pero se supone que sean mucho más, alcanzando tal vez la cifra de mil personas muertas anualmente. La construcción del muro obligaría a los inmigrantes a tratar de cruzar la frontera precisamente por las zonas más peligrosas, con el consecuente aumento de muertos. Y quienes sobrevivan a la azarosa travesía se verán inmediatamente perseguidos y victimizados como delincuentes comunes en la supuesta ‘tierra prometida’ norteamericana.
Mientras tanto, el Senado de EEUU aprobó recientemente su propia versión de ‘reforma de inmigración’, que –como veremos– poco tiene que ver con inmigración, y menos merece el título de reforma. Después de muchas semanas de debate, el Senado arribó a una propuesta de ley que contiene los siguientes apartes principales: Primero, el establecimiento de varias categorías para manejar la presencia de inmigrantes indocumentados. Aquellos con menos de dos años de estadía en Estados Unidos serían sujetos a inmediata deportación; quienes han permanecido entre dos y cinco años serían obligados a abandonar el país y supuestamente se les permitiría la posibilidad de solicitar su ingreso a través de un proceso aún sin definir; finalmente, a aquellos que puedan probar que se encuentran en EEUU desde hace más de cinco años, se les brindaría la oportunidad de tomar “un camino hacia la legalización” al permitirles hacer parte de un programa de “trabajadores huéspedes”.
Es claro que esta primera parte de la legislación senatorial llevaría a la expulsión del país de varios millones de personas, y a la conversión de otros tantos en una especie de esclavos del siglo XXI. A los supuestamente más beneficiados con el programa de “trabajadores huéspedes” se les darían visas temporales y tendrían que cambiar sus trabajos actuales, que con frecuencia son plazas permanentes con derechos y prestaciones sociales, por un precario status de trabajadores temporales sin derechos laborales y sujetos a los caprichos de sus patrones, creando una sociedad de dos niveles que denigraría y pondría al margen a millones de familias inmigrantes. Esta parte del proyecto ha recibido el apoyo de las cámaras de comercio, industriales y agrícolas, siempre afanados por establecer salarios exiguos y mínimas condiciones laborales en el país.
La propuesta del Senado establecería que el empleo de una persona que no posea una nueva tarjeta nacional de identificación constituiría un acto criminal. Asimismo, la propuesta criminaliza con pena de deportación cualquier falsificación de éste o de cualquier otro documento de identidad, cosa que los inmigrantes han venido haciendo por obligación para poder obtener empleo en el pasado. La ley incluiría un incremento del presupuesto destinado a militarizar aún más la frontera entre México y Estados Unidos, a la construcción de centros de detención y encarcelamiento de inmigrantes (ya la tenebrosa firma Halliburton, famosa por su participación en la guerra de ocupación de Irak, ha recibido los primeros contratos de construcción de estos centros) y a la reapertura de antiguas bases militares cerradas en la década de los noventa, para utilizarlas en el procesamiento de detenidos previa su deportación.
En breve, la ley del Senado se reduce a dos cosas: primero, un programa de trabajadores huésped que satisface la avaricia de las corporaciones, hace caso omiso a la protección de derechos laborales y disminuye los estándares de vida de los indocumentados; segundo, a la continua militarización de la frontera, la construcción de prisiones para los trabajadores indocumentados y a crear un sistema de deportaciones masivas.
Si la propuesta de la Cámara de Representantes, la Sensenbrenner, fuera una marca de cerveza, la propuesta del Senado podría verse como una Sensenbrenner light, ya que intenta suavizar las medidas represivas ofreciendo algo más que simplemente prisión y expulsión. Pero en el fondo lo propuesto por el Senado poco tiene que ver con el asunto de la inmigración a Estados Unidos y, más que ‘reforma’, es un proyecto de ‘mano dura’ que, además de prisión y expulsión, entra en detalles sobre el control y la explotación económica de los inmigrantes, lo único que la diferencia del proyecto de la cámara baja.
Mientras el Congreso debatía sus diferentes proyectos de ley, el presidente Bush se apresuró a ejercer su liderazgo, decretando la movilización de elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera, supuestamente para proteger la seguridad de la nación. Y ya han comenzado a construir parte de un muro. Al mismo tiempo, la odiada “migra” [el servicio de inmigración de EEUU] ha lanzado una campaña de redadas por todo el país, con lo que se demuestra la unanimidad del Estado norteamericano en lo que concierne al uso de la fuerza militar como única respuesta al flujo migratorio.
¿Y el gobierno de México? ¡Bien, gracias! Durante los meses de debate de las propuestas sobre migración, los parlamentarios norteamericanos nunca se molestaron en guardar apariencias ni en invitar al gobierno mexicano a participar en las deliberaciones, siquiera desde algún ‘cuarto de al lado’. Obviamente no había necesidad: una vez aprobada la propuesta en el Senado el presidente Fox, ex presidente de Coca Cola de México, se apresuró a calificar la ley como “buena” y cual un “avance histórico”. No en vano le han endilgado a Fox el mote de “cachorro del Imperio”.
Pero se equivoca Fox: las leyes propuestas avivan el fuego de las tendencias racistas presentes en Estados Unidos y enfrenta a muchos norteamericanos –bien sea llevados por una ira irracional, por inocencia y desconocimiento, o motivados por el comprensible temor de que la cultura anglosajona del país en que nacieron se trastoque en una cultura hispana dado el creciente número de inmigrantes– contra latinoamericanos movidos por el hambre y la desesperación. Las propuestas ocultan y mistifican las verdaderas causas del flujo migratorio.
La respuesta de los trabajadores
En respuesta a la Ley Sensenbrenner los inmigrantes le dieron una sorpresa al establecimiento a principios del mes de marzo. Fruto de la actividad de pequeños clubes y federaciones de trabajadores mexicanos y salvadoreños, organizaciones que eran ignoradas por todo el mundo –incluso hasta por sindicatos, iglesias y otras fuerzas progresistas–,en la primera quincena de marzo se realizó en Chicago una gigantesca manifestación que desbordó con mucho las expectativas de los propios organizadores. Casi 500 mil personas se desplazaron por la ciudad, coreando contra la Ley Sensenbrenner la consigna “no somos criminales; somos trabajadores”. Este sí fue un evento histórico, realizado en el lugar del nacimiento del Día del Trabajo. La directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, Susan Gzesh, afirmó que “nunca se habían manifestado tantos por los derechos de los migrantes, desde quienes marcharon por la jornada de ocho horas en Chicago en 1880: ése fue un movimiento de migrantes igual a éste”. Lo ocurrido en Chicago sirvió como ejemplo para el desarrollo de una ola de manifestaciones masivas a lo largo y el ancho del país: más de medio millón en Los Ángeles y decenas de miles en Denver, Washington, Milwaukee, Detroit, Phoenix, Houston, Dallas, Reno, Newark y New York, en marzo y abril.
Ante la sorpresa de este movimiento espontáneo, el Partido Demócrata, especialmente a través de su influencia en numerosos sindicatos, al igual que los jerarcas de la Iglesia Católica y otras fuerzas se metieron de lleno en el proceso para tratar de canalizarlo y convertirlo en un movimiento de apoyo a la ley que se debatía en el Senado, según ellos la ley “buena”. Mientras que las primeras manifestaciones se caracterizaban por el ondeo de banderas mexicanas y de otros países de origen de los inmigrantes –en realidad lo único que les queda, y señal de que la masa popular entiende que se trata de un problema de opresión nacional–, los líderes políticos tradicionales insistieron en que los manifestantes sólo debían portar banderas norteamericanas para no ‘ofender’ las sensibilidades del grueso de la población anglo- parlante y demostrar el deseo de ‘adaptarse’ a la sociedad.
La ola de manifestaciones culminó el primero de mayo, cuando millones de personas se manifestaron a favor de una verdadera reforma migratoria en más de setenta ciudades del país. El gran resultado de este enorme movimiento de masas ha sido el despertar políticamente al gigante que son los millones de inmigrantes sin documentos residentes en Estados Unidos. A pesar de todo el esfuerzo del Partido Demócrata y de las instituciones ‘liberales’ del país para que las organizaciones proinmigrantes apoyen la medida aprobada en el Senado, no han tenido éxito. La Red Nacional Pro-Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, por sus siglas en inglés) la ha rechazado por completo. Hasta el presidente de la AFL-CIO terminó pronunciándose en contra de dicho proyecto de ley. No podría ser de otra manera, dado lo absurdo de dicha propuesta: ¿cómo es posible que las comunidades de inmigrantes, compuestas mayormente por familias cuyos miembros mantienen distintos status migratorio, acepten una medida que le permita a un miembro ser elegible para residencia legal porque lleva en EEUU más de cinco años, mientras que a un hermano que está trabajando y que lleva tres años de estadía le exige abandonar su empleo, regresar a México y tratar de retornar por medio de un proceso sin definir; y que a otro pariente –tal vez un hijo– que lleva seis meses en el país, lo único que le ofrece es la cárcel y la deportación?
Lo que buscan los trabajadores inmigrantes es la legalización con todos los derechos que en este momento tienen los residentes permanentes y los ciudadanos norteamericanos. Igualmente, los inmigrantes requieren protección de sus derechos laborales y reunificación de las familias. No quieren ser convertidos en “trabajadores huéspedes” de segunda categoría y rechazan la militarización de las fronteras, las prisiones y la deportación. Los trabajadores inmigrantes piden más derechos, no menos.
Hay una dificultad siempre mencionada por los pesimistas, y es que los trabajadores inmigrantes tienden a reducir los niveles salariales y el nivel de vida de los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Pero ése es un problema con solución: establecer un salario mínimo decente para todo obrero, aplicar firmemente la ley y perseguir a aquellos patrones que explotan a los inmigrantes violando las leyes laborales.
Luego de su arribo a Estados Unidos, a través de las remesas de dinero los inmigrantes se convierten en la más importante red de seguridad para la gente pobre que han dejado atrás. En 2004, los envíos a México sobrepasaron los 20 mil millones de dólares, mientras que cerca de 8 mil millones llegaron a América Central. Los indocumentados han logrado esta hazaña trabajando en las más difíciles circunstancias, privados de los derechos fundamentales y viviendo en la clandestinidad. Pero por lo visto esto no es suficiente: los artífices de las políticas que están destruyendo las economías de sus países de origen ahora se empeñan en declararles la guerra a las víctimas de esas políticas, tratando inclusive de impedirles que vivan la vida miserable que las personas indocumentadas llevan como trabajadores en Estados Unidos. Y lo hacen militarizando la frontera, construyendo muros de seguridad que los llevarán a la muerte y persistiendo en tratarlos como animales –con suerte como obreros de segunda– y en perseguirlos y encarcelarlos cual criminales.
Y como si esto no fuera suficiente, los gobiernos latinoamericanos utilizan los dólares enviados por los migrantes para encubrir en parte la tragedia económica causada en sus propias naciones por las mismas políticas de ‘free trade’ que los han obligado a emigrar. Es por todas estas razones que la lucha llevada a cabo por los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es parte de la batalla mundial contra los injustos tratados de libre comercio y las políticas neoliberales de Washington.
Notas
Las declaraciones triunfalistas del gobierno colombiano en torno a que en el TLC se negociaron condiciones que facilitarán el otorgamiento de visas para el ingreso de colombianos a Estados Unidos no dejan de ser una cortina de humo para intentar ocultar que el incremento de la migración presionada por la pobreza será uno de los principales efectos de la implementación del Tratado.
La nueva ley migratoria probablemente no será promulgada sino hasta el próximo año, pues el trámite legislativo implica una serie de concesiones mutuas y de acuerdos entre los defensores de las dos propuestas existentes y porque, siendo el 2006 un año de elecciones parlamentarias, los congresistas no están muy interesados en fijar posición ante un tema tan sensible como el de los inmigrantes, para no poner en riesgo la reelección.