En salud, el presidente Santos sigue los pasos de Richard Nixon

Las medidas anunciadas por el presidente Santos y su ministro Santamaría el pasado 12 de agosto no resolverán los problemas estructurales del actual sistema de salud originado en la Ley 100 de 1993. Ni mucho menos constituyen la solución a la profunda crisis de la salud en Colombia. Las recientes declaraciones del gobierno fueron hechas en medio de una retórica plena de frases calculadas sobre la salud como un derecho, el acceso universal a los servicios, la unificación del plan de beneficios, la autonomía de los médicos, la prevención y la promoción de la salud y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Sin embargo, el contenido de la restructuración, hasta ahora apenas esbozado por el alto gobierno permite predecir que no es verdad tanta belleza prometida.

En primer lugar y el ministro lo había expresado tajantemente en una entrevista con Yamid Amat el pasado 10 de julio: no habrá una reforma estructural del sistema de salud pues tal tipo de reforma supuestamente ya se hizo con la Ley 1438 de enero de 2011 y ahora solo hace falta expedir algunos decretos reglamentarios. Es decir, las actuales medidas son apenas un desarrollo de dicha ley la cual no difiere en lo fundamental de la Ley 100. En particular, la figura principal de la ley 100, la introducción del sistema de aseguramiento y con él de la intermediación financiera de las EPS se mantiene como el pilar del sistema de salud. No en vano, en la misma entrevista el ministro también afirmó que ni siquiera se piensa discutir un modelo de pagador único (sin intermediarios) pues este modelo es para el gobierno cosa del pasado. Así las cosas, el que se reduzca el número de EPS de las 72 existentes actualmente a 20 o menos, simplemente significa que unas pocas EPS concentrarán todos los afiliados y su negocio les será todavía más lucrativo.

De lo que se trata no es de corregir los problemas de fondo del sistema de salud vigente sino de refinar el modelo de intermediación financiera. Con los cambios puestos en marcha por el gobierno, las EPS quedan claramente definidas como compañías aseguradoras que se dedican a obtener utilidades sin aportar nada a la salud de sus afiliados a no ser por la llamada “gestión del riesgo”, un concepto que no es necesario en un sistema de salud si de verdad se fuera a dar cubrimiento a “todos los colombianos…no importa que enfermedad tengan” como afirmara el presidente. El que en adelante las EPS vayan a ser vigiladas por la Superintendencia Financiera solo confirma su naturaleza económica.

En segundo lugar, el presidente Santos al igual que lo hiciera Richard Nixon en 1971 con el equivalente de las EPS en los Estados Unidos – las HMO (Health Maintenance Organizations) – ha anunciado una nueva estrategia nacional de salud que asigna al Estado el papel de promotor oficial y garante de la intermediación o manejo gerencial de los servicios de salud por las EPS, intermediación que es la principal causa de todos los males que aquejan la atención de la salud de los colombianos. Que las medidas anunciadas en Colombia apuntan a garantizarle a las EPS que continuarán recibiendo su parte del negocio y a que, por ejemplo, no vuelvan a repetirse represamientos en el pago de los 240 mil millones de pesos de las cuentas por recobros que envían mensualmente las EPS al Fosyga; lo evidencia la celeridad y entusiasmo con que la asociación de las EPS, ACEMI celebró las iniciativas del gobierno.

Cuarenta años después de puesta en marcha por el presidente Nixon la política de salud basada en la intermediación financiera en los Estados Unidos, los resultados no pueden ser más aleccionadores: en el país más poderoso del planeta, cincuenta millones de personas no cuentan con servicios de salud porque no pueden pagar los altísimos costos de afiliación a un seguro. Por supuesto, lo anunciado por el presidente Santos no es calcado totalmente de la política de Nixon, pero los principios que guían las políticas de salud en los dos países son los mismos. La verdadera reforma que requiere el sistema de salud en Colombia implica la eliminación de la intermediación ociosa de las EPS.