El SIDA se incuba en la pobreza y la inequidad social

Treinta años de investigación científica, cientos de miles de millones de dólares invertidos en prevención y tratamiento (sólo el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para Aliviar el SIDA, – PEPFAR por sus iniciales en Inglés- gastó US $25 mil millones entre 2003 y 2008 en asistencia a unos pocos países pobres) y todavía no se logra el control de la epidemia del SIDA. Algo tiene que andar mal en las políticas trazadas por los organismos internacionales para combatir esta tragedia.

Durante las primeras dos décadas de la epidemia, la estrategia principal consistió en modificar la conducta de las personas promoviendo la abstinencia sexual, el uso del condón y el que quienes se inyectan drogas no compartan las jeringas. Con la aparición de los antirretrovirales, se le dio prioridad al manejo médico y farmacológico, no sólo en términos del tratamiento sino también de la prevención. Ninguna de las dos estrategias ha logrado detener la epidemia; ambos enfoques tienen de común el negar o relegar a un plano secundario la determinación socioeconómica de la salud.

En la XVIII Conferencia Internacional sobre el SIDA, realizada el pasado mes de julio en la ciudad de Viena, el llamado fue a adoptar el denominado “Tratamiento 2.0”. Este plan consiste en propiciar la simplificación del tratamiento, masificar el uso de la prueba para detectar anticuerpos del virus de inmunodeficiencia humana (prueba del VIH) y ofrecer acceso universal a los antirretrovirales en una campaña que deben realizar los gobiernos en alianza con la industria farmacéutica.

Una campaña similar, denominada “3 por 5”, propuso dar acceso a tratamiento con antirretrovirales a tres millones de nuevos pacientes antes de 2005. No obstante integrar los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones, al finalizar la campaña únicamente 18 de los 152 países participantes en el programa habían logrado proveer tratamiento al 50% o más de los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA. [1]

Una investigación realizada en los Estados Unidos por los Centros de Control de las Enfermedades (CDC iniciales en inglés) reportó en la conferencia de Viena sólida evidencia sobre la estrecha asociación existente entre ser diagnosticado con el VIH y vivir en áreas de extrema pobreza. Según los resultados no hay diferencia entre el porcentaje de personas con VIH viviendo en zonas pobres de Estados Unidos y el porcentaje de personas con VIH en naciones paupérrimas como Burundi, Etiopía, Angola o Haití. [2]

Las implicaciones de este estudio no dejan lugar a dudas: las políticas y programas de prevención, atención y tratamiento del VIH/SIDA que se implementen sin que al mismo tiempo se lleven a cabo intervenciones estructurales orientadas a transformar las condiciones de pobreza y desigualdad social están condenados a fracasar. Y aquí surge otro interrogante: ¿es posible brindar acceso universal al tratamiento en países en donde los sistemas de salud restringen el acceso real, barato o gratuito y oportuno a la atención médica integral de toda la población? Y en caso de que los pacientes pobres tuvieran acceso, ¿se garantiza la apropiada adherencia al tratamiento? En países como Colombia cuyos sistemas de salud son profundamente inequitativos, la respuesta es negativa pues existe evidencia que las mujeres con VIH/SIDA así se encuentren afiliadas a uno de los regímenes subsidiados de salud presentan niveles muy bajos de adherencia al tratamiento y que la pobreza en que viven obliga a muchas a vender los antirretrovirales para poder dar de comer a sus hijos. [3]

No debe extrañar entonces que Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH, afirmara en el 2009 que la manera más eficaz de combatir la epidemia radica, no en el tratamiento con drogas o en contar con una vacuna, sino en combinar esas posibilidades con el garantizar a las poblaciones vulnerables, adecuada nutrición, agua potable, y cuidados de la salud. [4]