El libre mercado y la crisis de energía en California

La gravísima crisis de energía que se vive en California no sólo se ha hecho crónica, sino que amenaza llegar a límites insospechados durante el próximo verano, cuando las necesidades de consumo lleguen al máximo. Periódicamente, desde el año pasado, han empezado a vivirse apagones que cubren la mayor parte del Estado, desde San Diego en el sur hasta Sacramento, la capital, y San Francisco en el centro. Los apagones se programan para evitar un colapso total del sistema eléctrico en el Estado cuando las reservas de energía caen por debajo del 1.5 por ciento y paralizan sistemáticamente, y en ocasiones sin previo aviso, un sector tras otro de las ciudades por una o dos horas, obligando a muchos negocios a cerrar, convirtiendo el ya de por sí complicado tráfico en un caos y provocando enormes pérdidas y sobrecostos en las grandes industrias que ven afectados sus sistemas de producción. De los apagones sólo se excluye a los hospitales, las estaciones de bomberos y de policía y algunos hogares localizados en la vecindad de estos centros de emergencia. Para algunos analistas, de no resolverse adecuadamente la delicada situación en California, la crisis puede extenderse al resto del país. El mismísimo Secretario de Energía de los Estados Unidos, Spencer Abraham, afirmó el pasado lunes 19 de marzo: “La mala noticia es que la situación en California no es aislada. No es temporal. Y no se arreglará por sí misma.”

Para el gobierno federal la causa del problema es simplemente un desfase entre la oferta de energía que es insuficiente y el consumo que ha crecido más de lo previsto. Sin embargo, cada día se escuchan más voces que desde distintos sectores señalan a la política de desregulación de los precios de la energía que se estableciera en 1996 como la principal responsable del maremagno actual, por lo que se hace necesario analizar en qué consistió dicha “desregulación”

La Asamblea Estatal de California votó por unanimidad en 1996 la ley de “desregulación” de la energía eléctrica (AB1890), con el propósito de desmantelar lo que se consideraba un monopolio del gobierno y abrir la industria eléctrica del Estado a la libre competencia. De un sistema simple en el que las compañías de servicios producían la energía y tenían sus propios sistemas de distribución para hacerla llegar a los consumidores, quienes directamente la pagaban a precios regulados por la Comisión de Servicios Públicos de California, se pasó a un sistema complicado de intermediaciones en el cual los productores se convirtieron en distribuidores de la energía comprada a precios fluctuantes en el libre mercado de una bolsa creada para tal fin. La forma que adoptó este proceso que se protocolizó con la firma del entonces gobernador Pete Wilson fue la siguiente:

Se exigió que las plantas de energía vendieran por lo menos el 50 por ciento de su capacidad generadora a compañías privadas que no están sometidas a ninguna regulación y se legisló para que las plantas que poseían grandes empresas productoras para su propio abastecimiento fueran también vendidas a otras compañías privadas, con lo que, con algunas excepciones, en todo el Estado los ciudadanos y las empresas se vieron obligados a comprar energía a los monopolios que la venden al por mayor.

Los precios de la energía que eran establecidos y regulados por la Comisión de Servicios Públicos del Estado de California pasaron a depender de una subasta que realiza una compañía privada, la California Power Exchange, que fue creada “sin ánimo de lucro” pero que en la práctica es el escenario en el que se juegan los intereses de los grandes monopolios que venden energía al por mayor, pues la ley de desregulación prohibió los contratos de compra de energía a largo plazo con precios fijos. En esta bolsa el precio fluctúa diariamente de acuerdo con la manipulación del mercado. Hace un año, un megavatio-hora valía en promedio US$30, en diciembre del 2000 llegó a US$1.400 y la primera semana de enero del 2001 estaba a US$265. El promedio en la primera semana de febrero fue de US$330, es decir, once veces más caro que hace un año, y la Senadora Dianne Feinstein considera que este verano el precio del megavatio-hora en el mercado al por mayor puede llegar de nuevo a US$1.000 o más.

Las grandes redes de transmisión con sus torres y sistemas que también eran propiedad de las plantas estatales se transfirieron a otra compañía privada “sin ánimo de lucro”: El Sistema Operador Independiente (ISO en inglés). El Estado se quedó apenas con las líneas de distribución que llegan a los hogares y negocios.

En algo menos de cinco años, los resultados de la ley de desregulación que impuso el libre mercado de los precios de la energía no podían ser más negativos para la economía estatal, los consumidores e incluso para las empresas de energía que deben comprar al por mayor lo que antes producían:

Mientras los grandes monopolios, algunos de los cuales poseen sus plantas en otros Estados, como Texas y Washington (California importa el 25 por ciento de su electricidad), han hecho ganancias que dos senadores de California califican de “criminales”, las empresas privadas que venden al detal en California una energía que deben comprar carísima están al borde de la quiebra (las dos más grandes de estas compañías, PG&E y SoCal Edison, sumaron ya 13 mil millones de dólares en deudas). Esta es en principio la razón por la que la oferta de energía es insuficiente, pues las compañías que la venden al por menor no tienen con qué comprarla y la ley de desregulación les prohíbe hasta marzo del 2002 el traspaso directo de las fluctuaciones del mercado y de los inflados precios a los consumidores.

Finalmente, para suplir esa falta de energía y evitar apagones más drásticos le ha correspondido al Estado de California comprar la energía faltante, para lo cual el gobernador actual, Gray Davis, ha invertido ya cuatro mil millones de dólares, los mismos que serán pagados en gran parte por el ciudadano común y corriente a través de impuestos. En otras palabras, la crisis se financia ahora con impuestos y a partir del año entrante con alzas desbordadas en las tarifas para el usuario. Como si fuera poco, un informe de ISO dado a conocer esta semana demuestra que los monopolios le han vendido a California con una ganancia del 100 por ciento con respecto a los costos de producción y que las compañías eléctricas le han sobrefacturado al Estado en el último año un valor de 6.200 millones de dólares.

Como ya se dijo, los partidarios de mantener la desregulación y extenderla al resto del país, encabezados por el presidente Bush, reducen el problema a que no se produce la suficiente energía para atender una demanda que ha crecido. El vocero de la Casa Blanca Ken Lisaius lo ha afirmado categóricamente: “La única cosa que puede prevenir los apagones es reducir la demanda, incrementar la oferta y que haga buen tiempo”. La explicación de esta posición “recalcitrante”, como la califica la senadora Feinstein, parece estar en los vínculos de la administración Bush con las empresas de energía de Texas que venden gas natural y electricidad a California y en la influencia que sobre el presidente tienen las grandes compañías petroleras que financiaron su campaña, tal como lo denunció abiertamente el pasado 22 de marzo la senadora por el Estado de Washington Patty Murray. De hecho, una de las propuestas de Bush para aumentar la producción de energía es incrementar la exploración de gas y petróleo en países vecinos, especialmente en México, y otra, la de abrir a la exploración reservas naturales que han estado protegidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico.

Quienes se han pronunciado en defensa de los usuarios de la energía han sido claros en decir que el problema de la sobredemanda de energía es secundario y que existe un cartel de la energía que está manipulando la oferta para subir precios y obtener mayores ganancias. John Burton, del Senado de California (Diputado diríamos nosotros), ha dicho: “La gente de este Estado está siendo llevada a la ruina mientras que billones de dólares están yendo a los generadores de energía fuera del Estado”. La senadora Murray ha advertido que las alzas en las tarifas de la electricidad pueden incrementarse de un momento a otro en un 60 por ciento. Harvey Rosenfield, presidente de la Fundación por la defensa de los derechos de los consumidores y de quienes pagan impuestos afirma: La electricidad “es una mercancía que es esencial para el nervio de nuestra economía y por lo tanto debe resguardarse de los vaivenes de la oferta y la demanda que caracterizan la economía del libre mercado”.

Diferentes sectores convergen entonces en exigir que se restablezca la regulación de los precios o, por lo menos, en que el gobierno federal fije un precio tope en las ventas de energía al por mayor: los usuarios que empiezan a organizarse y protestar por las consecuencias de los apagones y la perspectiva de tener que pagar alzas desmesuradas en sus facturas, senadores de ambos partidos que se ven presionados por sus electores, el gobernador de California y gobernadores de otros Estados del occidente del país que ven inminente una crisis de iguales proporciones y hasta los representantes de las compañías que compran la energía cara para venderla al detal. Tal vez todos ellos debieran dirigir con atención su mirada a la pequeña isla de Alameda situada en el área de la Bahía de San Francisco y uno de los sitios de California en los cuales existe todavía energía eléctrica provista por empresas públicas. La isla cuenta desde la década de 1980 con energía producida por hidroeléctricas y termoeléctricas que pertenecen a una sociedad de doce municipios de la región y allí la energía cuesta hoy lo mismo que hace casi cinco años, el servicio es excelente y, como si fuera poco, la empresa pública de energía aportó tres trillones de dólares de ganancia a los municipios en el último año.