Colciencias, el sistema general de regalías y el futuro de la investigación científica en Colombia.

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Se requiere reversar la tendencia y fortalecer institucionalmente a Colciencias, dotar de recursos suficientes el Fondo Francisco José de Caldas, que se consulte a la comunidad científica colombiana y sobre todo que con su participación se diseñe una política de ciencia e investigación que contribuya a que definitivamente el país salga del atraso en el que se encuentra.

 

Frente a la Ley 1286 de 2009, se requiere reversar la tendencia que encarna, fortalecer institucionalmente a Colciencias, dotar de recursos suficientes al Fondo Francisco José de Caldas, consultar a la comunidad científica y, sobre todo diseñar una política de ciencia e investigación que contribuya a que el país salga del atraso en que se encuentra. Deslinde.

Un concepto que hubiera podido propiciar un impulso formidable al desarrollo de la generación de conocimiento en Colombia: asignar un porcentaje importante de las regalías al fomento de la investigación, se convirtió en una medida que obstaculiza el avance de la ciencia y amenaza con hacer desaparecer a Colciencias, institución en principio llamada a dirigir y financiar la investigación científica en el país. Si bien, la ley 1286 de 2009 otorgó a Colciencias un nuevo estatus y dio origen al Fondo Francisco José de Caldas, el cual debería financiar los proyectos de investigación que contribuyan al progreso de la nación, la realidad es que Colciencias no cuenta actualmente con una política integral para el avance de la ciencia y que el Fondo Caldas, como bien lo describiera el Dr. Luis Fernando García Director del Sistema de Investigación Universitaria (SIU) de la Universidad de Antioquia, es un “Fondo sin fondos”.1

En carta enviada el 17 de julio de 2012 al presidente Juan Manuel Santos por 1.418 de los más destacados investigadores y científicos colombianos, se puso de presente la situación ya descrita y se solicitó un cambio de rumbo:

“(…) nos encontramos con un panorama desalentador y apreciamos que, a los anhelos de ver fortalecidas las actividades de ciencia y tecnología, el país se encuentra en un momento crítico que pueda dar al traste con lo que se ha construido en este frente en las últimas décadas y que puede llenar de frustración a una masa creciente de profesionales y grupos y centros de investigación con capacidades para generar nuevo conocimiento de talla mundial y aplicarlo para beneficio del país. A pesar de lograr un aumento importante de recursos, gracias a la destinación del 10% de las regalías para ciencia, tecnología e innovación, lo cierto es que la forma como se plantea la asignación de estos recursos y la visión que se impone en el alto gobierno sobre la innovación y su manejo como política pública, Colciencias y las instituciones de investigación del país quedan relegados, ocasionando efectos negativos sobre la confianza y la credibilidad en la política científica y tecnológica”.2

El primer problema planteado por los científicos colombianos es relativo a la política nacional de Ciencia y Tecnología. La Ley 1286 no solo convirtió a Colciencias de Establecimiento Público en Departamento Administrativo, sino que también introdujo un viraje en la política pública al transformar el existente Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) en un SNCT e Innovación (SNCTI). No se trató simplemente de un cambio de denominación; según palabras del Dr. García: “(…) la Ley 1286 privilegió la innovación sobre los demás elementos de la cadena de generación de conocimiento”.

El argumento con que se justificó esta renuncia a fomentar el avance de la ciencia en Colombia se reduce a lo expresado por el economista Santiago Montenegro al sustentar su apoyo a la Ley 1286, y quien simplemente afirma que en el mundo globalizado de hoy existe suficiente conocimiento y por lo tanto no debemos “reinventar la rueda”.3 Esta política implica reducir o eliminar el apoyo del Estado a la investigación en ciencias básicas y dedicar los recursos existentes a impulsar proyectos en innovación tecnológica de corto plazo a partir de productos de conocimiento generados en otros países, haciendo caso omiso a que, como lo afirmara a propósito de esta discusión la Dra. Ángela Restrepo: “la ciencia no es cortoplacista.”

El segundo problema, directamente asociado con el anterior, es el de la financiación de la investigación. Cuando los científicos colombianos esperaban que los recursos de regalías destinados a la investigación se transfirieran al Fondo Caldas de Colciencias, el Congreso de la República creó, a la par con el Sistema General de Regalías, un nuevo Fondo de CTI al que se le deben girar el 10% de las regalías. El mismo acto legislativo, ordena que el nuevo Fondo financie únicamente proyectos de investigación regionales “acordados entre las entidades territoriales y el gobierno nacional”. En este caso, el argumento es el de distribuir los recursos para investigación de manera más equitativa entre las regiones. Esos recursos quedan a disposición de los gobernantes regionales quienes previamente seleccionan los proyectos que son presentados en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) para su aprobación por dos votos de tres posibles: uno del gobierno nacional, uno del gobierno departamental y uno de las universidades.

Dentro de la nueva normatividad, el papel de Colciencias está limitado a hacer la Secretaria Técnica del OCAD con funciones como citar las reuniones, llevar las actas, y la metodología de evaluación de los proyectos (ley 1530)4. Es evidente que la aprobación de los proyectos no va a depender en lo fundamental de su relevancia, pertinencia y de su robustez conceptual y metodológica, evaluada por pares académicos, sino de los criterios políticos de los gobernantes regionales y del gobierno central.

No es gratuito que los investigadores hayan empezado a escuchar la recomendación de contar adicionalmente a sus méritos científicos con una competencia más: el lobby político.

En cuanto a la equidad regional, el Dr. Hernán Jaramillo, Decano de Economía de proyectos de investigación la Universidad del Rosario ha planteado que en la investigación científica, la equidad no reside en distribuir regionalmente los recursos para investigar, puesto que en general los científicos buscan resolver problemas nacionales y porque con la política actual al asignar mayores  recursos a las entidades territoriales más pobres y con menos capacidad instalada para investigar, se dejan de financiar los grupos de investigación más consolidados y los proyectos en los que se ha venido avanzando de manera sistemática. esta política de financiación de lo regional bien puede significar un retroceso en la generación de conocimiento   en Colombia1.

Se ha hecho también la observación de que es un contrasentido absoluto continuar promoviendo la formación en doctorado y postdoctorado, y no darle el lugar que se merece la investigación básica de investigación a largo plazo.  Al punto que se, podría llegar a la paradójica situación de tener ,  doctores y “post-docs”, es decir, investigadores altamente calificados sin proyectos de investigación avanzada en que puedan trabajar.

La investigación en salud empieza a sentir los efectos del nuevo modelo de financiación. Para el 2012 primer año de vigencia del sistema de regalías, se cuentan con los dedos de una mano los proyectos de investigación en ciencias o tecnologías de la salud que fueron aprobados y ninguno todavía ha empezado a ejecutarse. La perspectiva no es más promisoria para los años 2013-2014. El Fondo de Investigación en Salud que se creó con la Ley 643 de 2001, no obstante recibir el 7% de los recursos obtenidos por las loterías y otros juegos de azar, tampoco ha resuelto el tema de financiar apropiadamente la investigación biomédica y en salud pública que apunte a resolver las necesidades de la población.

La Ley Estatutaria de Salud-209 que estará aprobada por el Congreso de la República cuando se publique este editorial, seguramente incluirá un artículo llamando a establecer una nueva Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en salud, sin que esto signifique que se vaya a cambiar el rumbo trazado por las políticas vigentes para la investigación en salud.

Se requiere reversar la tendencia y fortalecer institucionalmente a Colciencias, dotar de recursos suficientes el Fondo Francisco José de Caldas, que se consulte a la comunidad científica colombiana y sobre todo que con su participación se diseñe una política de ciencia e investigación que contribuya a que definitivamente el país salga del atraso en el que se encuentra

Nota: Este documento fue Publicado en la Edición 54 de la revista Deslinde marzo 5, 2014

 

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