Detener el aumento y disminuir los casos de mortalidad materna en Colombia debe dejar de ser letra muerta en las políticas públicas y convertirse en una reivindicación concreta, no solo de los movimientos feministas que ya existen sino de los movimientos por el derecho a la salud.
El objetivo central del proyecto 010 es reestructurar y orientar el sistema de aseguramiento existente hacia un modelo que consolide y asocie, bajo la égida de la inversión extranjera, a unas pocas EPS y a grandes hospitales y clínicas que trabajarán en redes bajo el control de las EPS o bajo diversas modalidades de integración vertical.
A pesar de lo que afirma el gobierno, la nueva política de salud, mantiene y refuerza las falencias de la anterior en la cual las EPS son las entidades rectoras en un sistema de aseguramiento que busca ganancias más que salud.
Este artículo examina el contexto en que Estados Unidos ha tratado de imponer su política de propiedad intelectual en el mundo y su estrategia para negociar en diferentes escenarios internacionales el máximo de protección posible para las patentes de las poderosas multinacionales de la industria farmacéutica. Igualmente analiza, tanto el papel desempeñado por los tratados de libre comercio, TLC, en la estrategia norteamericana por controlar el mercado mundial de las medicinas, como el texto final del capítulo del acuerdo Colombia-EE.UU. sobre propiedad intelectual en el tema de patentes y registros de productos farmacéuticos.
Lo que realmente demuestra que la política del ministro de Salud de sanear el caos de las finanzas creado por las EPS mediante el cierre de hospitales, a costa de aumentar el ya intolerable número de muertes evitables es el hecho que los informes del hospital de Floridablanca muestran que la institución factura más millones de pesos que los que necesita para operar sin problemas, salvo que las EPS no pagan sus deudas
Un nuevo modelo de salud en Colombia requiere, ante todo, de la derogatoria del sistema de intermediación y aseguramiento
Las dificultades enormes en la prestación de los servicios de salud, la crisis de los hospitales públicos y privados, las anomalías en las EPS y la inconformidad de la población han llevado a que el gobierno, para mantener la estructura de la Ley 100, haga toda clase de piruetas con tal de implementar las recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE, mientras que aparenta hacerlas en beneficio de la población.
El problema es que la concepción es que esas redes van a estar bajo la dirección y bajo el control de la EPS. Que es una manera de organizar y de integrar los servicios, pero para que, por ejemplo, al tener distintos niveles de atención desde prevención hasta niveles de más complejidad si todo está en manos de la EPS, entonces las EPS van a poder organizar la demanda de servicios de acuerdo con lo que más les convenga.
En este artículo de manera fundamentada se despejan estas dudas y se propone que la verdadera reforma que requiere la salud de los colombianos debe tener como objetivo principal eliminar las EPS y con ellas el sistema de aseguramiento que representan.
La estrategia del ministerio de salud no apunta a una reforma de fondo del control de precios y son muchas las gabelas que Santos concede a las empresas transnacionales para que puedan incrementar sus ganancias sin tener por qué preocuparse, de sí la población que más lo necesita tiene acceso a medicamentos esenciales.