Petro desafía Ley 91: Magisterio en peligro de perder régimen de salud excepcional
El régimen de salud excepcional del magisterio está en riesgo, luego de que el FOMAG cancelara la licitación para elegir a los operadores de los servicios de salud y de que el Gobierno decidiera implementar el modelo de su reforma de salud.
Tras meses de trámite en el Congreso de la República, el proyecto de reforma a la salud radicado por el gobierno el pasado 13 de febrero continúa sin aprobarse. Ante esa realidad, el presidente Petro tiene como objetivo avanzar en la implementación de su reforma a como dé lugar.
Primero, lo intentó en el Departamento de La Guajira por medio de un decreto de emergencia que fue luego revocado por la Corte Constitucional. Ahora está empeñado en sustituir el régimen especial de los maestros por su modelo de salud todavía en discusión en la Cámara de Representantes.
Los regímenes especiales de salud exceptuados de la Ley 100 (Artículo 279) de 1993 son más importantes de lo que parecen y mientras en el país no se instaure un sistema de salud probadamente eficaz y equitativo merecen conservarse.
Son sistemas de salud sin EPS, ni copagos, ni exclusiones por preexistencias. En el caso del régimen de los trabajadores de Ecopetrol, se ha demostrado que evitan muertes evitables y que afiliados y beneficiarios han alcanzado una expectativa de vida superior en 20 años a la de la población colombiana en general.
Al embarcarse en la tarea de canjearle al magisterio su régimen especial por la promesa del hipotético mejor sistema de salud contemplado en su reforma, Petro hace caso omiso de que en su propio proyecto de ley se contemplaba (Art. 146), que los: “regímenes exceptuados y especiales del Sistema de Salud continuarán regidos por sus disposiciones especiales” y que “El régimen de salud y seguridad social del magisterio continuará vigente, por lo cual se exceptúan de las disposiciones de la presente ley, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989”.
Petro empezó por invitar en discurso pronunciado en Bucaramanga a cambiar un modelo que “no sirve” sin sustentar debidamente por qué.
Un mes después, invitó al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) al Palacio de Nariño para comunicarle que la decisión estaba tomada y que se suspendía el proceso de “invitación pública” (licitación) para contratar operadores que garanticen la prestación de servicios de salud a los maestros del país.
La razón invocada por el Presidente fue que “el gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio”.
A renglón seguido, el 19 de octubre, las Ministras de Trabajo y de Educación y el Ministro de Hacienda materializaron la instrucción del Presidente de cancelar el proceso de contratación. Haciendo uso de su mayoría en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, reversaron lo decidido el 30 de diciembre del año pasado por unanimidad.
Que se conozca, el Consejo Directivo del FOMAG no aportó pruebas sobre la red de corrupción y, por el contrario, prorrogó por 6 meses el contrato a los prestadores rechazados por los maestros por la pésima calidad de sus servicios.
A cambio, el argumento esgrimido por el ministro de Hacienda para cancelar la licitación fue que “no existe pluralidad de oferentes”. Abogados en Derecho Médico han anunciado que las entidades que sí se presentaron como oferentes planean demandar al Estado.
La posición de FECODE publicada en los principales medios del país y sostenida en subsecuentes declaraciones de sus directivos ha sido clara y contundente: exige a Petro “la preservación de la ley 91 de 1989, el FOMAG y el régimen excepcional de salud y prestacional del magisterio, contenido en dicha legislación”.
El sindicato considera un salto al vacío integrar al magisterio al modelo de salud que propone la reforma petrista y del cual no se sabe a ciencia cierta cómo va a quedar aprobado en el Congreso.
Le preocupa que, con el desconocimiento de la Ley 91, queda abierta “la posibilidad de pasar las cesantías y las pensiones del magisterio al Fondo Nacional del Ahorro y a Colpensiones respectivamente…”
De todas las lecciones de este episodio que aún no concluye, hay tres que merecen resaltarse:
1) El gobierno de Petro se caracteriza por su ambivalencia y ambigüedad, en el caso del magisterio, primero propuso respetar la Ley 91 y luego en la práctica la desconoce.
2) En medio del proceso se hace evidente que el trasfondo del problema, más que el modelo mismo de atención en salud, es el manejo directo de los billonarios recursos de la salud y de las prestaciones del magisterio.
3) La importancia de que las organizaciones gremiales y no solo las sindicales, como bien lo ha hecho FECODE, preserven la independencia y autonomía de los gobiernos en defensa de los intereses de sus representados, cualesquiera que sean sus banderas políticas.
