Vida y muerte de medimás EPS
Tal vez la mayor expectativa hoy en el sector salud gira en torno al futuro de las EPS. Es evidente que en el seno del nuevo gobierno se encuentran representantes de posiciones antagónicas: por un lado, la Dra. Carolina Corcho, designada ministra de Salud y partidaria de la eliminación de las EPS. Por el otro, uno de los principales defensores de la intermediación financiera de estas instituciones, el exministro de salud de Juan Manuel Santos, ahora designado ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
El equipo de empalme en salud seguramente evalúa los procesos y consecuencias de la liquidación de EPS que ha tenido lugar en los años recientes. Sin duda, por las inmensas pérdidas en recursos públicos, la desfinanciación o quiebra de IPS y otras empresas por deudas no pagadas, los trabajadores de la salud que quedaron sin empleo, y el inmenso sufrimiento causado a la población afiliada, el mayor fracaso ha sido el caso de Medimás EPS. Esta catástrofe ocurrió porque en 2017, Alejandro Gaviria, en su calidad de ministro de Salud, impuso un negocio que no era viable, desdeñando las oportunas y juiciosas advertencias que llamaron a que no se llevara a cabo.
Para septiembre de 2021, el desastre de Medimás EPS se hizo evidente cuando el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá la obligó a pagar $650.000 millones por cuotas que no pagó a Cafesalud, EPS controlada por el Estado, la cual, junto con la también liquidada Saludcoop EPS, fueron el origen de Medimás EPS. No fue sorpresa entonces que seis meses después se diera orden de liquidarla, pues sus activos sumaban $1,7 billones y sus pasivos llegaban a $2,3 billones, con un patrimonio negativo de $580.458 millones y una atención de pésima calidad.
Con la orden de liquidarla, dada en marzo de este año, millón y medio de afiliados de 232 municipios y 14 departamentos empezaron el viacrucis de pasarse a otra EPS, el mismo que antes habían sufrido otros 3,5 millones que desesperados se desafiliaron de Medimás EPS. Medimás se montó como un negocio con 5 millones de usuarios por los cuales la empresa empezó a “…recibir más de 400.000 millones de pesos mensuales que el sistema de salud le giraba a Cafesalud para su operación”. El negocio fracasó, no por falta de clientes, ni de ingresos, sino por lo extremadamente irregular, abusivo e irresponsable de su diseño.
Tan “opaco” fue el montaje de este negocio (el calificativo es de la revista Semana), que el Procurador intentó detenerlo y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero, lo detuvo temporalmente con una medida cautelar y, luego, en 2019, en fallo de fondo lo dio por terminado, sanción que no se ejecutó porque, muy a la colombiana, la dejaron en suspenso con una apelación sobre la que nunca falló el Consejo de Estado.
Este negociado fue inaceptable desde un comienzo porque se cerró con un falso remate entre los dos ofertantes finales: Sanitas, que ofreció comprar solo la EPS, y Prestasalud, el consorcio de empresas detrás de Medimás (y que finalmente se quedó con Cafesalud), que ofreció comprar la EPS y las clínicas y hospitales agrupadas en Esimed. Como los compradores eran un consorcio muy débil para el tamaño del negocio (numerosas clínicas privadas, muchas de ellas pequeñas), el gobierno se saltó varias normas, como que la mitad la pagaran con las facturas de las deudas que les tenía Cafesalud EPS y que no hubiera límites para la integración vertical, medida que se sabe estimula la corrupción y atenta contra los pacientes y las demás clínicas y hospitales.
Como lo denunció el senador Robledo en su momento, el negocio de Medimás fue definido como de naturaleza “confidencial” y entre privados, cuando en realidad el negocio se hizo con billones de pesos de los dineros públicos y el gobierno nunca le respondió si el negocio fue aprobado en Consejo de ministros, toda vez que lo presentaron como una transacción en que solo participaron funcionarios de menor rango. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca instó a derogar el Decreto 718 del 4 de mayo de 2017, firmado por el ministro Gaviria y que sirvió de marco jurídico para la venta de Cafesalud a MEDIMAS.
Tan no debió hacerse esta compraventa que Medimás EPS empezó a operar en agosto de 2017 y ya el 13 de octubre la Supersalud le “…ordenó medida cautelar a Medimás para que en el término de cinco días sean resueltos 3.238 casos que implican riesgo para la vida de los usuarios”. Luego, en diciembre, le agregó una multa de $600 millones. Y en estos años, varias veces, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han exigido liquidarla.
Por las irregularidades en el manejo y el impacto negativo en las finanzas de las IPS, el desempleo que generan y los gravísimos problemas de atención a los usuarios, el nuevo gobierno debe darle prioridad a resolver lo atinente a la liquidación de las EPS y en particular, aprender de las lecciones dejadas por los procesos de creación y liquidación de Medimás EPS.
