Vacunas COVID-19: Colombia y Chile, dos historias diferentes
La gestión del gobierno colombiano ha sido poco eficiente, ha dependido más del entendimiento con las trasnacionales farmacéuticas que de la urgencia en controlar la pandemia.
Colombia y Chile son países miembros de la OCDE que han implementado con fervor el modelo económico neoliberal por décadas. La crisis económica de los dos países previa a la emergencia por el COVID-19, se ha transformado en recesión en este año de pandemia.
Los actuales presidentes, Sebastián Piñera e Iván Duque comparten su admiración por los gobiernos de Estados Unidos y una misma visión sobre los tratados de libre comercio y el comercio internacional en organizaciones multilaterales de las que participan como la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). Es común incluso, encontrar similitudes en los sistemas de salud chileno y colombiano y entre las Instituciones de Salud Provisional o ISAPRES en Chile y las Empresas Promotoras de Salud o EPS en Colombia.
Sin embargo, tanto en la negociación de la vacunas para COVID-19 como en el proceso de vacunación adelantado hasta hoy, se pueden constatar enormes diferencias.
En Chile según su Ministro de Salud, Enrique París (Blu radio, Feb 19), las negociaciones con las farmacéuticas se iniciaron en mayo del 2020, antes de que se hubiera registrado en el mundo, la primera vacuna para COVID-19 (la Sputnik V en agosto 2020).
Para septiembre del año anterior, Chile ya había negociado 14.4 millones de dosis con las compañías Oxford – Astrazeneca (Inglaterra), Janssen Biotech (Bélgica) y Cansino (China) y había hecho un acuerdo económico con Pfizer (Estados Unidos) para comprar 10 millones de dosis de su vacuna que en ese momento se encontraba todavía en la fase 2 de los ensayos clínicos.
La negociación con China incluyó la visita de una delegación chilena a la fábrica para conocer directamente los resultados de seguridad y eficacia y los detalles de manufacturación de la vacuna y las condiciones de entrega.
El 24 de diciembre 2020, Chile inició su vacunación y para el 18 de febrero del 2021 había vacunado 2 millones setecientos mil personas en jornadas de hasta 270.000 personas diarias, en un país de 19 millones de habitantes.
Hoy, en palabras del ministro chileno: “El personal de salud está vacunado en su totalidad” y se espera haber cubierto el 80% de la población en el mes de junio, una meta que solo esperan cumplir países como Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Del proceso negociador y de vacunación chileno ha estado informado el Presidente Duque desde el primer día. El 18 de marzo de 2020, en video conferencia de PROSUR, los dos países acordaron “coordinar esfuerzos” en el manejo de la pandemia.
El 22 de septiembre Piñera participó en el programa de televisión de Duque “Prevención y acción” y reafirmó la cooperación binacional para acceder a las vacunas COVID-19. De hecho, el mismo día Chile y Colombia anunciaron su adhesión a la plataforma COVAX donde según Duque, ambos países trabajan “de la mano y unidos” con el objetivo de tener alternativas de acceso a las vacunas.
El 11 de diciembre, en el programa “Prevención y Acción” originado en Santiago de Chile con la presencia de los presidentes, los ministros de salud renovaron mediante un “memorando de entendimiento” los lazos de cooperación en el COVAX y frente a la pandemia.
El contraste es evidente: Colombia empezó a vacunar el 17 de febrero y el balance para ese día fue de 18 dosis aplicadas. Para el 20 de febrero ese número se elevó a 33.140 dosis sin haberse iniciado aún la vacunación en 11 de los 32 Departamentos del país.
Aunque en el decreto correspondiente, el personal de salud estaba priorizado, los Médicos Internos, Residentes y Rurales sobre quienes recae buena parte de la atención en primera línea, se encontraron en estos primeros días con innumerables barreras que los excluían de la vacunación.
Dos argumentos principales se han presentado para explicar la tardanza en iniciar la vacunación y el hacerlo con un número insuficiente de dosis, 50.000 de Pfizer y 192.000 de SINOVAC, una de las vacunas chinas (608.000 dosis menos de las 800.000 proyectadas por el Ministerio de Salud para recibir en el mes de febrero).
El congresista Ricardo Ferro del partido Centro Democrático sostiene que legalmente no era posible contratar vacunas y hubo que esperar a que se aprobara la Ley 2064 de vacunas en diciembre pasado.
Lo cierto es que como replicó el Senador Jorge Enrique Robledo, la legislación de emergencia por el COVID-19, vigente desde el inicio de la pandemia, permite acordar este tipo de contratos. La Ley de vacunas tiene otras razones, entre otras, la de exonerar de responsabilidades a las farmacéuticas por eventos adversos de las vacunas que se pudieran presentar (¿una exigencia en los contratos?), lo que requería que se aprobara contratar compañías que aseguren esos casos.
El segundo argumento, lo presenta el ministro Fernando Ruiz en su entrevista del 21 de febrero en El Tiempo, diario que en su edición impresa titula: “No queríamos comprar las vacunas a riesgo”. (El tiempo, feb 21 2021)
Esto no tiene sentido porque el gobierno colombiano terminó negociando las mismas vacunas que compró Chile y en general que están comprando todos los países. ¿Compró Chile a riesgo las vacunas de Pfizer, Astrazeneca, Janssen, SINOVAC, las mismas vacunas que Colombia ha negociado?
Solo cabe una conclusión: la gestión del gobierno colombiano ha sido poco eficiente, ha dependido más del entendimiento con las trasnacionales farmacéuticas que de la urgencia en controlar la pandemia.
Duque y su ministro tampoco se han movido un milímetro de la Ley 100 como la emergencia lo exige. Preguntado el ministro chileno como han logrado tan rápida cobertura con la vacunación, expresó que la Atención Primaria en Salud (APS) siempre ha sido importante en su país.
Y ésta es otra de las claves del éxito chileno: en esa nación, el sistema de salud, aunque es un sistema de aseguramiento, la salud pública continúa siendo principalmente responsabilidad del Estado y es financiada (pobremente, a decir verdad) por el gobierno central a través de lo que se llama el “percapita basal”.
En ese contexto, la APS ha estado desde 1994 a cargo de los municipios, los cuales cuentan con Centros de Salud Familiar (Cesfam), Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf), puestos rurales y Servicios de Urgencia de Atención Primaria (Sapu), instituciones que por décadas han hecho vigilancia epidemiológica y campañas de inmunización.
La APS en Chile, aún con las limitaciones que pueda tener, demostró que con base en su infraestructura, talento humano y experiencia puede hacer la diferencia a la hora de implementar la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) y el plan de vacunación contra el COVID-19.
En Colombia, a partir de la ley 100 se debilitó y privatizó la red pública hospitalaria, los Centros de Salud se abandonaron y la APS no ha dejado de ser una formulación escrita en los documentos de política pública en salud como la Ley 1438 de 2011.
Como lo ilustra muy bien el Plan Decenal de Salud Pública vigente y lo propone el Proyecto de Ley 010 en trámite en el Congreso de la República, en Colombia se pretende hacer Atención Primaria en Salud con la intermediación de las aseguradoras o EPS. Esto explica porque el gobierno nacional decidió implementar el Programa PRASS (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, equivalente al TTA chileno) anteponiendo los intereses de las EPS a los de la población y obteniendo hasta ahora resultados mediocres e inefectivos para el control de la pandemia.
De la misma manera, el Plan Nacional de Vacunación de Duque es intermediado por las EPS que proveen los listados y resuelven en primera instancia los reclamos. Tal como lo afirma el ministro de salud en la entrevista mencionada: “Cualquier persona que considere que tiene el derecho a estar en una fase específica dadas sus condiciones de riesgo o salud puede postularse a través de Mi Vacuna para que la EPS consulte su caso y, de ser considerado, ser tenido en cuenta en una fase inicial o específica de la vacunación”.
El no haber asegurado la compra de las dosis suficientes oportunamente como lo hizo Chile y las dificultades logísticas y de todo tipo que presenta un país cuyo sistema de salud no ha desarrollado la salud pública, ni la APS, y son las EPS con su gestión de riesgo financiero las que toman las decisiones no permite ser optimistas con la meta fijada por el gobierno de vacunar 35.250.000 colombianos para diciembre de este año.
